Gobierno llega a un acuerdo con el FMI por $1750 millones

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“La conciliación fiscal que ha presentado el Gobierno está constituida por una reducción del gasto e ingresos nuevos”, confirmó Manuela Goretti, jefa de la misión del FMI

El acuerdo entre el ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional incluye distintos impuestos como garantías para acceder a un empréstito por $1750 millones.

El impuesto a casas de lujos, un aporte solidario de las empresas públicas de hasta el 30% de sus utilidades como una medida temporal y la renta global, son las 3 medidas principales de ajuste fiscal.

Además, hay otras medidas anexas como la ley de empleo público y la eliminación de exoneraciones.

«El objetivo es alcanzar el superávit primario en el 2023 y la senda de la deuda en el 2035», comentó Elian Villegas, Ministro de Hacienda.

Villegas aclaró que este acuerdo no incluye modificaciones en el IVA, en las transacciones bancarias, en pensiones complementarias ni la privatización de empresas del Estado.

Las empresas que deberán aportar el 30% de sus utilidades, durante 4 años son:

•  Banco de Costa Rica
•          Banco Nacional de Costa Rica
•          Instituto Nacional de Seguros
•          Compañía Nacional de Fuerza y Luz
•          Correos de Costa Rica
•          Editorial Costa Rica
•          Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
•          Instituto Costarricense de Electricidad
•          Instituto Costarricense de Ferrocarriles
•          Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
•          Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica
•          Junta de Protección Social
•          Radiográfica Costarricense
•          Refinadora Costarricense de Petróleo

En cuanto a la renta global, se trata de proyecto de ley que  propone el establecimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de forma tal que sea un tributo de carácter personal y directo, y que gravará la renta de las personas físicas.

También establece un tributo directo y global  que grava la renta de las personas jurídicas y de los entes colectivos sin personalidad jurídica.

Esta propuesta en particular establece un mínimo no imponible de ¢8.200.000 (alrededor de $13.000).

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