Fiscalía pediría ampliación de medidas cautelares contra alcaldes. Audiencia sigue hasta el miércoles

Los 6 meses de suspensión del cargo a los alcaldes por el caso Diamante, incluido Alfredo Córdoba, cumplen su plazo el próximo 19 de mayo. Francisco Dall´Anese, abogado defensor de Córdoba confirmó a SCD que la audiencia se extiende hasta el próximo miércoles y que, tienen suficiente prueba de defensa para que el Juzgado rechace la solicitud de la Fiscalía.

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A las 8 y 30 minutos de la mañana de este lunes, dio inicio la audiencia en la que el Ministerio Pública pedirá una ampliación en el estado de las medidas cautelares impuestas a los 6 alcaldes involucrados en el caso «Diamante».

Aunque, a este momento la Fiscalía no hace la solicitud formal ante el Tribunal, los involucrados esperan que la solicitud de ampliar el plazo sea para todos los involucrados.

Los 6 meses de suspensión del cargo a los alcaldes, incluido Alfredo Córdoba, cumplen su plazo el próximo 19 de mayo.

El 3 de marzo anterior, el Juzgado Penal de Hacienda rechazó la apelación de los defensores y ratificó los 6 meses de suspensión hasta la fecha prevista.

Francisco Dall´Anese, abogado defensor de Córdoba confirmó a SCD que la audiencia se extiende hasta el próximo miércoles y que, tienen suficiente prueba de defensa para que el Juzgado rechace la solicitud de la Fiscalía y el alcalde pueda regresar a su cargo.

La Fiscalía acusó a Córdoba de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor dentro del expediente del caso Diamante.

El caso “Diamante” como le denominaron autoridades judiciales, inició el 24 de abril de 2020. Durante el mismo lograron determinar que al parecer personeros de alto rango de la empresa MECO habrían contactado con miembros de al menos ocho municipalidades con la finalidad de, al parecer, ofrecer dádivas para ganar licitaciones de obra pública.

De acuerdo con la Fiscalía, investigan una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, al parecer, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública. Indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. 

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