Evaristo Arce Hernández presentó este martes, la renuncia a su puesto como regidor municipal suplente de San Carlos, por la fracción del partido Liberación Nacional.
La información, la confirmaron sus abogados Alfonso Ruiz y Alberto Delgado, tras la consulta de este medio.
La decisión de separarse del cargo, surge al momento de alcanzar un acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, en un juicio contra Arce por el aparente delito de concusión.
“Don Evaristo, como una condición de la Procuraduría General de la República, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por el plazo de un año. Esta situación, aunado a un deseo de don Evaristo desde hace algún tiempo de retirarse de la política, ha hecho que este martes esté presentando la renuncia como regidor suplente del Concejo Municipal de San Carlos”, explicó Ruiz.
Arce se acogió a un procedimiento de conciliación que fue avalado por todos los involucrados en el proceso. Parte de los acuerdos incluye una conciliación económica más otras condiciones que se mantienen en lo privado.
“Es fundamental que quede claro que el procedimiento conciliatorio no admite de ninguna manera la aceptación de los hechos por los cuales don Evaristo fue acusado. Al día de hoy no existe ninguna resolución judicial que venga a indicar que es culpable de los hechos por los cuales fue acusado por el Ministerio Público y querellado por un ciudadano de la Zona Norte”, indicó Ruiz.
El próximo lunes el Concejo Municipal conocerá la renuncia del regidor y hará la notificación respectiva al Tribunal Supremo de Elecciones.
El Caso
Los hechos se remontan a 2015 cuando Arce era síndico y un vecino de Pital intentó convertir un camino privado en público. Según la acusación del Ministerio Público, Arce habría cobrado en primera instancia, 4 millones de colones por ese trámite.
Meses después el cobro habría sido de 3 millones de colones a cambio de las gestiones. En ese entonces, Arce fungía como síndico de Pital.
Incluso, el edil fue detenido por orden de la Fiscalía luego de retirar el dinero con billetes marcados. Luego quedó en libertad y en 2020 fue electo como regidor suplente.
En marzo de 2021 el Tribunal lo condenó a 3 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sin embargo, en febrero de 2022 el tribunal de apelación anuló la sentencia y ordenó la ejecución de un nuevo juicio que estaba pactado para esta semana y que, ahora termina con la conciliación entre el querellante, el Ministerio Público, la Procuraduría General y el acusado.