Tras los allanamientos de este miércoles por lo que las autoridades llamaron el caso “Gallo Tapado”, hubo detalles de la forma en la que desaparecieron ¢3.200 millones de la bóveda del Banco Nacional.
La Fiscalía y el OIJ detuvieron a 8 personas tras las diligencias en la entidad y en la casa de los funcionarios sospechosos por los delitos de facilitación de sustracción de dinero, incumplimiento de deberes, peculado y legitimación de capitales.
El principal sospechoso, es un sujeto de apellido Olivas, un tesorero de bajo rango que tenía acceso al dinero.
Las autoridades informaron que este sujeto empezó la actividad en 2019, es decir hace 4 años.
“Hubo falta de control por parte del banco y es así como se da la sustracción del dinero. Tenemos identificados 10 eventos en las cámaras”, detalló Carlo Díaz, Fiscal General de la República.
Al parecer Olivas junto a otros funcionarios accedían al dinero, en efectivo, por medio de sobres manila y por puntos ciegos de las cámaras.
“Sacaba fajos de billetes grandes, de ¢20 mil y los echaba en sobres manila y ahí iban sacando dinero tras dinero. La prueba física que tenemos son las grabaciones del banco”, destacó Randall Zúñiga, director del OIJ.
Facilitó las acciones que los arqueos eran digitales. Desde 2019 no hubo arqueos físicos. El único que hicieron en ese lapso fue en el que descubrieron la sustracción.
Lo que aún no determinan es si las otras personas son parte de una organización criminal o bien, solo no cumplieron con sus labores de fiscalización.
Gallo Tapado
Las autoridades judiciales identificaron el caso como “Gallo Tapado” debido a que Olivas, era un asiduo comprador de lotería en todas sus modalidades.
“Inició con montos de ¢100 mil por día y llegó hasta montos de ¢1 millón, ¢2 millones y hasta ¢3 millones por día en lotería y como les digo, son montos que no corresponde al salario”, manifestó Zúñiga.
Al ganar premios, la Junta de Protección Social depositaba el dinero en su cuenta y ahí, empezaría el delito de lavado de dinero pues, entraba de forma legal pero, la compra de lotería habría sido con el dinero sustraído.
Destacan que Olivas mantenía un estilo de vida dentro de lo común, propiedades acorde a su estatus social pero, identifican los gastos diarios en lotería no acorde a sus ingresos.
La única personas que ostentaba, con una propiedad de 22 mil metros cuadrados es el tesorero general del banco quien, se acogió a su pensión un día después de que las autoridades de la entidad informaran del faltante.
Además, el fiscal Díaz puntualizó que actuarán también sobre las autoridades del banco que no denunciaron el caso de forma oportuna.
“En una de las detenciones una persona tenía ¢300 mil en efectivo, imagínense después de tanto tiempo. Qué hubiéramos podido encontrar si hubieran denunciado a tiempo”, sostuvo.
Insistieron en que la falta de control y supervisión del banco fue lo que permitió la sustracción de la suma exorbitante de ¢3.200 millones.